El diputado nacional por la UCR, Enrique Vaquié declaró que con la actual distribución del Impuesto a los débitos bancarios y el sistema de financiamiento de AFIP el Gobierno Nacional “se apropia de recursos que corresponden a las provincias” y que, como consecuencia, “es co-responsable de la mala calidad en la prestación de servicios públicos y de los aumentos de impuestos”.
Al realizar estas declaraciones Vaquié trajo a colación a la provincia: “Este es el caso de lo que sucede en Mendoza con los aumentos pretendidos por el gobernador, Francisco Pérez. En 2011, los fondos resignados por estos dos conceptos representan aproximadamente el 70% del déficit del Gobierno de la provincia de Mendoza”.
“El Gobierno nacional, a su vez, tiene mecanismos de financiamiento de los que carecen las provincias: el impuesto inflacionario y la ANSES, por citar los de peor calidad institucional. Sin embargo, no sólo insiste en beneficiarse de la inflación y comprometer las jubilaciones futuras, sino que profundiza los desequilibrios al utilizar -por medio de los “superpoderes”- los pocos recursos que el Presupuesto Nacional asigna para financiar los desequilibrios financieros o el pago de deudas de las provincias. Así es como la señora Presidenta ha desvastado el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial”, detalló Vaquié.
El diputado, que además fue ministro de Hacienda de Mendoza, continuó con su acusación diciendo que “Lo peor es el hecho de que a la pérdida de federalismo es necesario sumarle la discrecionalidad: la ex Obras Sanitarias Mendoza (AySAM) carece de financiamiento, no puede cumplir con su plan de inversiones y la Legislatura debe autorizar al Gobernador a tomar $ 40 millones de deuda para atender la emergencia operativa de la empresa. En éste mismo año 2011, AySA S.A. (continuadora de Aguas de Argentina S.A.) ha recibido aproximadamente $ 3.200 millones como aportes del Estado Nacional, de los cuales los últimos $ 280 millones provienen del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial”.
“Esto solo puede ocurrir gracias a una relación inmadura de las provincias con el Poder Ejecutivo Nacional, que cede facultades que corresponden al Congreso de la Nación y al mismo tiempo, muestra una absoluta pasividad ante el avasallamiento a las provincias”, concluyó Vaquié.