Economía
Nuevos casos de trabajo esclavo en un olivar de Córdoba
En un nuevo procedimiento de la Afip se relevó que 29 de los 34 empleados de un predio rural en Córdoba no estaban registrados y que vivían en condiciones infrahumanas, entre ellos dos menores de edad. En febrero, el organismo ya había denunciado que más de 400 personas, pertenecientes a la empresa Alfredo Olmedo S.A, trabajaban en condiciones deplorables.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizó un allanamiento en un predio rural ubicado en la localidad de Paso Viejo, en la provincia de Córdoba, donde se detectó que 29 de los 34 trabajadores no estaban registrados –entre ellos mujeres y menores de edad–. Los empleados realizaban tareas manuales de recolección y procesamiento de aceitunas sin los mínimos elementos de seguridad y eran sometidos a vivir en un precario campamento que no contaba con luz, gas y agua potable.
El allanamiento fue ordenado por el Juzgado Federal N° 3, a cargo de Ricardo Sánchez Freytes, y participó personal de Gendarmería Nacional y del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Córdoba.
En el procedimiento se relevaron a 34 personas que recolectaban el olivo, entre las cuales se encontraban mujeres y dos menores de edad, trabajando en condiciones sumamente precarias, sin contar con las herramientas y elementos de seguridad necesarios para las tareas desarrolladas. Se pudo constatar además, que los trabajadores eran trasladados al predio de la explotación al comienzo de la jornada y devueltos en su asentamiento cuando esta llegaba al final.
El salario abonado era de $ 8 por cada cajón de 20 Kg. de aceitunas recolectado, de acuerdo a lo relevado por personal de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social (DGRSS).
Del relevamiento realizado en el predio rural, surge que un 85% de los trabajadores no se encuentra declarado por su empleador, es decir que no se le efectúan aportes previsionales, de obra social y no tienen cobertura en caso de accidente laboral.
Las acciones se encuadran en delitos previstos en la ley 24.769, por evasión previsional, que prevé penas de prisión de 2 a 6 años.
