La opinión y reflexión de la Senadora Nacional Laura Montero, sobre el posible acuerdo por la Promoción Industrial y el desendeudamiento
Lamentablemente, al parecer, el Gobierno de Mendoza habría resignado sus reclamos por las pérdidas ocasionadas a la provincia, debidas a la Promoción Industrial otorgada a los estados vecinos. Lamentablemente digo, porque a diferencia de aquel juicio de fines del siglo XX que generó un reconocimiento por parte de Nación (más allá de que en esta gestión tampoco se haya avanzado en cobrar aquel resarcimiento que incluía la realización de Portezuelo del Viento) en este caso directamente se renuncia a la acción judicial. Sería entonces importante detallar en qué consiste el arreglo al que llegarían nuestros gobernantes con el ejecutivo central, a cambio de renunciar a los justos reclamos por el tema de promoción industrial.
Por un lado, Mendoza accederá a un importante plan de desendeudamiento, de idénticas condiciones al que tendrán el resto de las provincias, incluidas las que no ceden ni un céntimo a la Nación; esto es, mientras la mayoría del país se desendeuda sin entregar nada, nuestra provincia realiza algo así como un “canje” de deuda: pagamos menos, pero a cambio dejamos de reclamar lo que nos corresponde por los perjuicios que se han ocasionado por desgravaciones impositivas en las provincias que nos rodean. Esta maniobra no toma en cuenta, además, que la semana pasada se obtuvo un dictamen de mayoría en el Congreso que mejora la refinanciación de la deuda provincial, porque otorga dos quitas, una de reembolsos de ATN no distribuidos y otra del 16,6% similar a la obtenida por el gobierno nacional de su deuda, sin ceder nada a cambio.
Por otro lado, nuestro primer mandatario provincial mantiene en secreto un “arreglo” por el tema de la Promoción Industrial, aunque puertas afuera de la provincia ya hasta uno de los gobernadores vecinos ha explicado en redes sociales de qué se trata: los departamentos de Mendoza limítrofes con provincias promocionadas, se sumarían al sistema vigente en esos estados, esto es, en General Alvear, Las Heras, Lavalle, La Paz, San Rafael, Malargüe y Santa Rosa habría beneficios impositivos como en San Juan y San Luis.
Y más allá de que (casualmente), los departamentos que serían promocionados son mayoritariamente del mismo signo político del señor Gobernador, y de que a simple vista pareciera ser bueno que se ponga en igualdad de condiciones al menos a un sector de Mendoza con aquellas zonas que han gozado por décadas de ventajas impositivas, la verdad es que lejos están de lograr igualdad de condiciones con los puntanos y sanjuaninos. El incluir a los departamentos que limitan con las provincias promocionadas al Decreto presidencial 699/2010 (o al que lo reemplace en los mismos términos) no genera sustanciales beneficios para los departamentos, ni para la provincia de Mendoza. Eso es porque el mencionado decreto principalmente prorroga tal cual están los beneficios para las empresas ya promocionadas, que por supuesto están instalados en otras provincias. Mientras que los que obtendrían los nuevos emprendimientos que se instalen en la nuestra, solo se limitan al beneficio impositivo equivalente al 40% de la masa salarial total del proyecto promovido. Dado este límite de crédito fiscal, claramente se contrae la potencia y los estímulos de la herramienta para el desarrollo industrial, por lo que los beneficios reales seguirán estando más allá del arco del Desaguadero.