Destacado, Economía
Jaque presentó un amparo contra el decreto de promoción industrial
El gobernador de la provincia anunció esta mañana la presentación judicial contra el decreto presidencial que extiende los beneficios de la promoción industrial para San Luis, Catamarca, La Rioja y San Juan.
“Debemos discutir un proyecto de promoción industrial que nos contemple a todos”. Estas fueron las palabras de Celso Jaque al manifestarse nuevamente contra el decreto 699 firmado la semana pasada por Cristina Kirchner, el cual extiende por dos años la promoción industrial en las provincias de La Rioja, Catamarca, San Juan y San Luis, menos en Mendoza. Durante una inauguración de salas de 4 años en el departamento de Junín, anunció que el Ejecutivo presentó a la Corte Nacional una solicitud de inconstitucionalidad del Decreto y un amparo para que se declare la medida de no innovar.
Si bien el pasado martes Jaque recibió el apoyo de ex gobernadores, gremialistas y empresarios, esta mañana resolvió solicitar a la Corte la inconstitucionalidad del Decreto que beneficia al resto de las provincias de la región en detrimento de la economía mendocina. “Lo que nosotros estamos planteando es, primero, que no nos perjudiquen a Mendoza y segundo, que podamos tener incluso la posibilidad de discutir un proyecto de promoción industrial que la Argentina necesita… que nos permita en definitiva tener un crecimiento más equilibrado”. El documento consta de dos partes. Una de ellas consiste en una “acción declarativa de certeza” de inconstitucionalidad y nulidad del decreto 699/2010, mientras que la otra es una acción cautelar de no innovar.
Además, el gobernador agregó que no ha mantenido contacto con los mandatarios de las provincias beneficiadas ya que cada uno está defendiendo sus propios intereses y que espera que en lugar de pelearse entre ellos “aprovechemos la oportunidad para discutir en serio un proyecto de promoción industrial que contemple a todo el país y que nos permita efectivamente lograr lo que todos queremos, un país cada vez más industrializado, que agregue valor, que genere trabajo, que pueda incentivar el arraigo de empresas en actividades no tradicionales, de manera tal que la Argentina pueda seguir en ese camino de crecimiento constante que ha tenido en los últimos años”.
Al responder la pregunta sobre el próximo encuentro con la presidenta, Jaque respondió que no tenía novedades al respecto y que “iremos siguiendo todos los pasos judiciales y ese será el momento en que insistiremos con reunirnos con el gobierno nacional”.
Sobre las durísimas declaraciones del gobernador de San Juan, José Luis Gioja, Jaque sostuvo que “cada uno se tiene que hacer cargo de lo que dice” y que “aquí no estamos tomando una decisión que va en contra de ningún gobierno ni de ninguna provincia, lo que nosotros pretendemos es aprovechar esta oportunidad para discutir en serio la necesidad de que la Argentina tenga una ley de promoción industrial que contemple a todo el país”.
Implicancias de la acción judicial
El amparo presentado por el ejecutivo puede tener muchas implicancias políticas. Primero, porque se trata de una acción histórica contra un perjuicio que viene sufriendo la provincia desde hace muchos años. Segundo, porque enfrenta definitivamente a Jaque con el Gobierno Nacional. Significa básicamente un profundo cuestionamiento al alcance de las facultades delegadas a la Presidencia de la Nación de firmar decretos discrecionales y arbitrarios en el marco de la emergencia económica.
La reforma constitucional de 1994 prohibió los decretos de necesidad y urgencia en materia tributaria, y las promociones son justamente regímenes especiales de los impuestos al valor agregado y a las ganancias. El Estado, de esta manera, resigna recaudación. Pero el decreto 699 considera que la emergencia prorrogada en 2006 le confirió poderes especiales a la Presidencia y por lo tanto extendió los beneficios. Se trata de una medida que extiende la promoción otorgada originalmente a La Rioja por una ley de la última dictadura, firmada en 1979 por Jorge Rafael Videla, José Alfredo Martínez de Hoz y Albano Harguindeguy. Estos beneficios fueron luego extendidos por Reynaldo Bignone a Catamarca, San Luis y San Juan.
Y si bien el mandatario provincial resaltó las buenas acciones del gobierno nacional en materia de infraestructura y energía, aclaró que “si hemos presentado un recurso ante la Corte es porque no estamos de acuerdo con el Decreto, porque entendemos que nos perjudica a los mendocinos”.
Por último, añadió que lo más importante no es la manera en cómo se resuelva el problema sino que definitivamente se llegue a un acuerdo, sea cual sea la vía tomada. Y que el hecho de que la Legislatura puntana ya haya aprobado el proyecto no significa que la Ley entre en vigencia ya que “requiere después llegar a un acuerdo con la Nación”. “Mi principal preocupación es defender los intereses de Mendoza”, señaló.
