Hay un ambiente visible que nos rodea, pero también hay uno “invisible” que contribuye seriamente a que el primero desaparezca o sufra grave daño: es la falta de planificación y gestión ambiental a nivel gubernamental.
Por Eduardo Sosa
Lic. en Gestión Ambiental
Presidente de la ONG Oikos red ambiental
¿Alguien ha escuchado algo sobre la situación ambiental últimamente? ¿Nos hemos enterado que hacen los organismos públicos sobre este tema?. Las políticas públicas ambientales forman parte de las políticas públicas gubernamentales con las cuales se intenta prevenir el daño ambiental y contribuir al desarrollo sustentable, buscando armonizar el crecimiento económico con los derechos de los ciudadanos a un ambiente sano, apto para el desarrollo humano y las demandas sociales vinculadas al primero.
Un principio clave en las políticas públicas en materia ambiental es la prevención. De nada sirve establecer costosos programas de gestión, o planificar un desarrollo urbanístico o de algún área natural protegida, si no visualizamos que estos deben estar enfocados a prevenir el daño ambiental, la desaparición de los ecosistemas y sus especies, y a educar a las generaciones más jóvenes para que no repitan los errores que los adultos cometemos día a día en el uso/abuso de los recursos naturales.
Sin embargo, si pensamos en los problemas ambientales más acuciantes que tiene hoy nuestra provincia, entre ellos la degradación de la calidad del agua superficial y subterránea, el desarrollo territorial desequilibrado, la inadecuada gestión de los residuos urbanos y peligrosos, el deterioro acelerado del arbolado público, la pérdida de biodiversidad y de ecosistemas valiosos por las acciones del hombre, la degradación de las tierras agrícolas, del secano y muchos otros, mi percepción es que hemos perdido varios años de esta carrera.
Allí están en Godoy Cruz y Guaymallén dos de los basurales a cielo abierto más grandes del oeste argentino, allí vemos agonizando sobre las rutas y calles urbanas a cientos de árboles o sus tocones, parte de los más de 300.000 árboles que hemos perdido en una década, ahí están las aguas superficiales de nuestros ríos, cauces de riego y acequias urbanas contaminadas con el equivalente a 15.000 camiones con residuos al año, o las 100.000 hectáreas de tierra fértil de nuestra mejor zona agrícola pavimentadas o convertidas en jardines en los últimos 30 años. Ni hablar de nuestros campos cruzados por huellas de 50 o 60 años de exploración y explotación petrolera nunca recuperados o de las cientos de hectáreas de monte deforestadas para emprendimientos agrícolas y urbanísticos que no han sido evaluados adecuadamente.
Obviamente que este cuadro dramático no pertenece a una sola gestión de gobierno, pero si tomamos hoy una fotografía de la situación, ¿están haciendo algo el gobierno provincial y los municipios en estos temas? La respuesta es no. No hay políticas de forestación que tiendan a revertir el cuadro desesperante de nuestro arbolado público, más allá de algunos intentos pequeños, muchos de ellos por parte de privados, no existe ningún plan, programa o proyecto destinado a combatir el vertido de residuos urbanos a los cauces de riego, ni propuesta serias de cierre de los vertederos a cielo abierto en el mediano o largo plazo, ni programas destinados a preservar nuestras aguas subterráneas, o destinado a proteger nuestros ecosistemas productivos más valiosos, o a educar a la sociedad sobre las pautas de consumo que nos llevarán al deterioro definitivo de nuestro ambiente. Y además, se viene el tema minero, que no es poco.
Fue chocante festejar el día de los humedales sabiendo que los dos humedales provinciales reconocidos internacionalmente como son Guanacache y Laguna Llancanelo, están en franco deterioro, el primero de manera irreversible por la escasez de agua gracias a que preciado líquido se consume en el mantenimiento del oasis; el segundo, amenazado por una explotación petrolera que este mismo gobierno deberá “controlar”. Ah!, para el día de la preservación de los humedales (2 de febrero), la noticia principal fue que el gobierno avalaba el proyecto de 25 pozos petroleros en la laguna sureña, un poco irónico, ¿no creen?
Y en la desesperación por querer mostrar “los hechos” de la gestión pública, muchas de las autoridades actuales cometen serios atropellos a la legislación vigente y daños ambientales que llevará años reparar, como podemos observar en el acueducto del desierto, el camino por el Paso El Pehuenche, la gestión de los residuos patogénicos, el rally Dakar y otros tantos malos ejemplos. Para empeorar la situación, la autoridad ha relajado los controles creando normas flexibles que se adaptan a las necesidades de las empresas más que a la preservación del ambiente, tal el caso del decreto que permite a las empresas petroleras esquivar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental para determinados proyectos, violando la ley marco de preservación del ambiente en el territorio provincial N° 5961. Esta ley pretende ser “modificada” por esta administración provincial para “adecuarla” a las necesidades actuales. Dios nos proteja.
Por ello, si los ciudadanos no nos dedicamos ahora mismo a proteger nuestro valioso patrimonio natural, cuando llegue ese momento esperado en que las generaciones futuras tengan la conciencia suficiente como para darse cuenta que solo podrán vivir bien si modifican sus comportamientos destructivos para con la naturaleza, probablemente ya no quede nada por proteger. Mendocinos, en este tema relevante como es el cuidado del ambiente, estamos solos.