Mendoza Economico

Política

Junio 15, 2009

El IPV deberá prever en las unidades habitacionales instalación de contenedores para residuos urbanos

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley de Amalia Monserrat (ConFe), por el cual se establece que el Instituto Nacional de la Vivienda, deberá prever en los proyectos y presupuestos de cada unidad habitacional, la instalación de contenedores para residuos urbanos según la reglamentación y el planteo arquitectónico del complejo.

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La normativa abarca tanto a las viviendas individuales como aquellas de propiedad horizontal – para las que se colocarán contenedores comunitarios – que se construyan, refaccionen o amplíen con créditos otorgados por el IPV.

El organismo de aplicación será el IPV, quien una vez realizada la entrega definitiva de las viviendas dictará un taller informativo sobre el manejo de residuos domiciliarios con el objeto de explicar a la comunidad beneficiaria la metodología correcta para tratar sus residuos.

También se establece que los contenedores deberán presentar una gráfica que defina el origen de sus desechos.

Estas obligaciones regirán para todos los programas provinciales y nacionales que se implementan y a implementarse a través del Instituto, como así también para los que establezca la provincia independientemente del organismo en cuestión.

Los contenedores deberán poseer como mínimo tres divisiones identificadas de manera visible y permanente conforme lo determine la reglamentación, con el fin de depositar en cada una de ellas los residuos domiciliarios según su origen o destino. Esto es, si son orgánicos, papel, cartón, vidrio, plásticos, aluminio u otros.

El IVP deberá coordinar acciones con la Secretaría de Ambiente de la provincia, promoviendo a través de la misma y de ser necesario, convenios con los Municipios a fin de asegurar su correcta recolección, disposición y tratamiento final.

Por otra parte, se invita a los Municipios de la provincia a adherir a la ley, una vez que sea aprobada por el Senado, con el objeto de extender lo dispuesto a todas las viviendas construidas y a construirse en cada una de sus jurisdicciones.

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