El vicepresidente, Julio César Cleto Cobos recibió hoy al diputado nacional, Francisco de Narváez para tratar temas relacionados con la educación y vinculados con la seguridad. Específicamente, las propuestas analizadas son las presentadas por legisladores del CONFE y están referidas al Servicio Cívico Voluntario, a la Práctica educativa solidaria y la Asignación Universal por escolaridad.
Julio Cobos destacó el interés demostrado por distintos legisladores sobre estos proyectos. Acerca de la reunión, Cobos sostuvo que “Argentina está reclamando respeto y debemos acostumbrarnos a un modelo de construcción entre el oficialismo y la oposición, hay que ponerse de acuerdo en los grandes temas, porque es lo que la sociedad nos demanda”.
La experiencia del Servicio Cívico Voluntario fue plasmada en Mendoza, a partir de 2004, y la idea permitió poner en marcha un plan con un grupo de adolescentes en situación de riesgo, que recibieron capacitación en oficios y terminalidad educativa. Además de una beca mensual -durante diez meses- de $150; el programa permite contener y capacitar a jóvenes de entre 18 y 23 años que no hubieran terminado sus estudios. Los talleres fueron implementados en instalaciones ociosas del Ejército Argentino. La formación fue diversa y estuvo orientada a actividades como carpintería, telar, soldado, curtiembre, electricidad, construcción, jardinería, mecánica, gastronomía, turismo, plomería, costura industrial y entre otros
Recordemos que el proyecto denominado Práctica Educativa Solidaria consiste en la realización de tareas comunitarias afines con la formación en curso u obtenida. En esta propuesta, los estudiantes elegirán un cuatrimestre, a partir del último año de la carrera y en forma previa a la obtención del título, para concretar la práctica. Las mismas serían realizadas bajo la dirección y control de las autoridades educativas de los institutos de educación superior a los que pertenezcan los alumnos.
Finalmente, la Asignación Universal por Escolaridad apunta a crear un aporte mensual para todos los menores de 18 años que se encuentren matriculados en una escuela pública o privada. Esta asignación sería universal porque cubriría a todos los estudiantes de todos los niveles, con padres empleados o desempleados. La Administración Nacional de la Seguridad Social cada año articularía con las distintas provincias la conformación del padrón de beneficiarios a partir de los datos de matrícula de todos los establecimientos de enseñanza inicial, general básica y polimodal del país. A su vez, los padres del estudiante deberán acreditar la regularidad ante la ANSES con un certificado emitido por el establecimiento educativo.