El martes 16, el Senado trataría el proyecto con media sanción de diputados, que suspende por 10 años la instalación de nuevas salas de juego. Incertidumbre ante la falta de definición del Ejecutivo sobre una política del juego para Mendoza
La Cámara de Senadores trataría este martes 16, el proyecto de ley del diputado Alberto Sánchez (PD), con media sanción de la Cámara de Diputados, que tiene por objeto suspender por el término de 10 años la instalación y funcionamiento de salas de juegos en el territorio provincial.
Esta suspensión está enmarcada en la aplicación de la ley provincial 5775, también la norma autoriza al Poder Ejecutivo, para que por intermedio de los Ministerios de Salud y de Desarrollo Social efectúen un relevamiento de problemas sociales vinculados a las adicciones al juego e implementen un programa de recuperación. La norma establece que se dispondrá de partidas presupuestarias con origen en los ingresos provenientes del juego.
En tanto, todas las solicitudes presentadas antes de la entrada en vigencia de esta ley, que no hayan obtenido el decreto de conformidad, quedarán sin efecto, sin que ello genere reclamo por ningún concepto.
En los fundamentos del proyecto el diputado Sánchez sostiene que “la proliferación de lugares destinados al juego, permiten engrosar los ingresos públicos para ser destinados a programas específicos vinculados con la salud y es obvio que en ese aspecto coincidiremos. Lo que no se dice es que el incremento de problemas sociales vinculados al juego determinará que en el futuro, parte de las utilidades de este negocio se deban destinar a financiar programas de lucha contra las adicciones, aspecto que ya se puede verificar en ciudades como Buenos Aires y esto nos parece sinceramente una contradicción”.
Asimismo, el legislador demócrata sostuvo que “a través de esta iniciativa se plantea la necesidad de efectuar un relevamiento de problemas surgidos por este tipo de adicción y las consecuencias sociales y familiares que con esta problemática se sufren. Por esta razón parece más prudente expresar el rechazo a la apertura de nuevas salas, tal como lo pretende la iniciativa actualmente en Senado provincial”.
Cabe destacar que la provincia cuenta con una oferta más que suficiente de este tipo de emprendimiento y por ello también es conveniente solicitar la suspensión de la aplicación de la norma actualmente vigente por un plazo prudente, que no debiera ser inferior a los 10 años.