Política
Jaque va contra los ex funcionarios de Cobos
Irá al fuero penal para que determine responsabilidades en el caso de los aviones alquilados para llevar ayuda humanitaria a Perú en 2007. La Fuerza Aérea reclama el pago de $300.000.
La decisión está tomada y es un dato más que recrudecerá el enfrentamiento entre el gobernador kirchnerista y el vicepresidente, que por estas horas negocia su vuelta al radicalismo.
Cobos estará hoy en Mendoza y ambos podrían encontrarse esta tarde en dos actos por el aniversario del diario Los Andes. El primero es en la planta ubicada en Guaymallén y el segundo, más tarde, en hotel Hyatt. Pero hasta anoche Jaque no había confirmado su presencia.
El Poder Ejecutivo se inclinó por recurrir a la Justicia penal al enterarse que el fiscal de Estado, Pedro Sin, había obviado esa instancia en el dictamen que emitió ayer sobre este caso que salió a la luz a mediados de mes. La única investigación que se impulsa es la administrativa.
En el escrito que apenas excede una carilla, el fiscal no repara en la evidente participación y responsabilidad que han tenido funcionarios de Cobos (no se sabe quiénes), según la visión del Poder Ejecutivo.
¿Por qué la diferencia? Porque la gobernación tiene en cuenta un antecedente: un expediente sobre un llamado a licitación (que finalmente se declaró desierta) para el alquiler de camiones con la intención de trasladar mercadería a Perú.
En cambio Pedro Sin se manifiesta a favor de que las actuaciones se remitan a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que está a cargo de Joaquín De Rosas.
No obstante, tanto el Ejecutivo, a través de la Secretaría Legal y Técnica que conduce Fernando Simón, como el fiscal de Estado coinciden en que la Provincia no debe pagarle a la Fuerza Aérea Argentina (FAA) las tres facturas por $291.616,51en total que reclama desde mayo pasado por los vuelos que aviones de esa institución nacional realizaron en agosto de 2007.
El fiscal de Estado, tal como lo había hecho antes la Asesoría de Gobierno que encabeza César Mosso Giannini, “recomienda rechazar el reclamo realizado en virtud de no existir antecedentes sobre la supuesta contratación que alega el organismo nacional”.
Y más adelante completa que “las facturas que se pretenden cobrar a la Provincia no surgen de una expresión de voluntad por parte del Estado provincial o de un funcionario de su administración, sino del arbitrio del Poder Ejecutivo Nacional, quien carece de facultades legales y constitucionales para obligar patrimonialmente a la Provincia al pago de esas facturas”. / diario Uno/
