El oficialismo ya da por descontado que tendrá los votos para aprobar la nueva ley.
El Senado se dispone hoy a poner fin al régimen de capitalización previsional, a quince años de su creación por una ley -la 24.241- que le costó al peronismo de entonces mucho mayor esfuerzo que la que se apresta a votar.
El bloque oficialista, que preside el rionegrino Miguel Pichetto, da por seguro que contará con suficiente número, más allá, incluso, de que un par de senadores de sus filas lo hagan en contra, como los salteños Juan Carlos Romero y Sonia Escudero. Desde la misma oposición calculan que rondarán los 45 sobre un total de 72 integrantes de la Cámara (ver pág. 6).
Todo parece volver a lo que fue antes de 1994 cuando entraron a funcionar las AFJP meses después de la 24.241.
Desde el llanto del temperamental impulsor del proyecto, el superministro Domingo Cavallo, en el emocionado cruce que tuvo en Diputados con la combativa jubilada Norma Plá hasta la sanción del Senado de la norma que dio luz a las AFJP, el capítulo de los pasivos estuvo signado -y está- por la falta de recursos del Estado para resolverlo. Hasta la privatización de YPF, en 1992, tuvo como argumento parlamentario la remisión de una parte al pago de los jubilados. Antes lo había hecho el gobierno de Raúl Alfonsín con un impuesto a los pulsos telefónicos con idéntica finalidad.
El debate que vino transcurriendo hasta ahora en el Congreso preserva la misma cuestión. Hay diagnósticos, no soluciones.
Javier González Fraga, ex presidente del Banco Central con Carlos Menem, remarcó ante las comisiones del Senado que cada día son más los trabajadores que pasan a ser jubilados, que los nuevos trabajadores que comienzan a aportar al sistema.
Y en cuanto al manejo de los recursos que ahora recaerán en la ANSeS -que en el texto de la ley con la reforma de Diputados aparecen exclusivamente destinados al pago de los beneficiarios del llamado Sistema Integrado Previsional Argentino-, el defensor del Pueblo Eduardo Mondino sembró dudas. Advirtió también ante el plenario que por una modificación de la Ley de Presupuesto ahora el Banco Nación está en condiciones de prestarle al Estado. Y que bastaría que la ANSeS realizase allí sus depósitos para sortear las limitaciones que impone la segunda parte del artículo 8. Mondino fue invitado a hablar en el Senado por el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, el radical Gerardo Morales pero no en Diputados, al parecer por una decisión directa de la Casa Rosada.
Queda claro que no será la última ley sobre esta cuestión. Todos los sectores coinciden en la necesidad de una ley de fondo. En ésta se produjeron novedades:
Menemistas y duhaldistas coinciden en oponerse igual que cuando hace 15 años, juntos, impusieron la 24.241, la ley que el kirchnerismo vino cortando en rebanadas.
Los radicales que en 1993 fueron la primera línea de resistencia contra la privatización parcial del sistema, ahora hicieron prevalecer los acercamientos que vienen teniendo con Elisa Carrió,
Los socialistas privilegiaron la propia historia del partido y apoyan en general la ley (ver Dictámenes…), con lo cual resolvieron en principio no incurrir en contradicciones.
Los ex aristas y ahora del bloque SI en Diputados plasmaron con esta ley la posibilidad de una oposición participativa, incluyendo con ello el voto -y la voz a los gritos- de la infatigable María América González,
“Hay que discutir qué hacemos con el sistema” coinciden todos.
Eso sí: no será hoy.