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Economía

Noviembre 4, 2008

Con las AFJP no fue suficiente: ahora analizan estatizar las ART

Con la iniciativa, el Gobierno podría quedarse con los $4.500 millones anuales que manejan las Administradoras de Riesgos de Trabajo

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El Gobierno comenzó a analizar una propuesta de la Confederación General del Trabajo (CGT) para reformar en forma integral el actual régimen de riesgos del trabajo, que contemplaría la estatización del sistema y la desaparición de las aseguradoras que en la actualidad gestionan los servicios.

 

 

Más allá de los intereses sindicales, la iniciativa tendría un impacto importante en las arcas públicas: las ART recaudan $4.500 millones por año en aportes y contribuciones, casi un tercio del flujo anual de las AFJP, pero con la ventaja de que la mayor parte de su cartera de inversión está compuesta por activos líquidos fácilmente negociables en el mercado, consigna El Cronista en su edición de hoy.
Si la iniciativa prospera, los fondos del sistema se sumarían a los ingresos adicionales generados por la estatización de las AFJP, lo que permitiría al Gobierno incrementar el superávit fiscal y cubrir las necesidades de financiamiento para los próximos dos años sin mayores dificultades.

Según trascendió, la CGT le habría acercado al Ejecutivo un borrador con la propuesta en el marco de las negociaciones para reformar el actual Sistema de Riesgos del Trabajo y el Gobierno habría confirmado los contactos. 

Sin embargo, el abogado de la CGT, Héctor Recalde, afirmó desconocer el contenido de la propuesta elaborada por un par de miembros del consejo directivo de la central, aunque dijo que no descarta que se pueda avanzar con la estatización del sistema.

En tanto, desde la cúpula de la Unión Industrial (UIA), Daniel Funes de Rioja, consideró “ilógica” la hipótesis de las estatización del régimen de ART, al advertir que con una medida de esas características “no se garantiza la calidad de las prestaciones”, consigna el matutino.  

Funes recordó el compromiso que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, asumieron ante el sector industrial en septiembre pasado, cuando prometió una reforma que de respuestas a los problemas de la ley vigente y ponga fin a la catarata de juicios contra el sistema

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